Resulta difícil poder afirmar con criterio objetivo si el actual estado de crisis de valores es producto de nuestra actitud individual, o bien es fomentada por la actuación global de gobiernos, corporaciones y entidades que operan en nuestro ámbito local, nacional e internacional. Lo que no resulta tan difícil, es reconocer que la sociedad, como cuerpo civil, se halla hoy en día desmembrada, descreída y limitada a sostenerse en un nivel donde aparentemente su función democrática ha de limitarse a depositar cada cuatro años las papeletas oportunas en las urnas. En ese sentido, resignados como estamos en lo colectivo a vivir bajo un constante aluvión de información, ha pasado casi de puntillas un suceso que debiera haber provocado una profunda reflexión: el desfase informativo referente al número de manifestantes en la reciente manifestación en Madrid contra el aborto.

Es de suponer que la manifestación es una herramienta de expresión social y que ha de tener un fin que vaya más allá del desfogue festivo dominguero, por decirlo así. Estableciendo un paralelismo con la jornada electoral, debiera respetarse el índice de participación reflejado en el número de participantes con la misma exactitud, rigor y transparencia con que se controla el número de votantes (por supuesto, dentro de una razonable variación dada su naturaleza). Y es que, si una persona elige asistir a una manifestación -o lo que es lo mismo, a dar testimonio con su presencia de su solidaridad y empatía con los hechos que las motivan-, está ejerciendo su derecho a expresar su acuerdo o desacuerdo (a participar, en suma) con el rumbo que pretende tomar la sociedad en la que vive. Un derecho que debiera ser no sólo permitido, sino valorado y alentado; al menos, si quiera, contabilizado.

Una variación de 10.000 a 1.500.000 de manifestantes -o lo que es lo mismo, de ciudadanos que eligieron dar testimonio con su presencia de su afinidad con la causa que motivó la manifestación-, no entraría evidentemente en ninguna oscilación medianamente comprensible… Menos comprensible, cuando son datos ofrecidos no sólo por los medios -que obviamente barren para sus intereses empresariales- sino por la propia administración. La libertad de expresión acaba transmutándose con estos ejemplos -quizás mejor decir, degradándose- en libertad para la desinformación.

Ante esta situación donde las empresas de comunicación gozan del derecho de informar a su antojo pero se desentienden de su obligación -si quiera deontológica- de intentar ser “veraces” e “independientes”, el individuo -el ser humano convertido en “ciudadano”-, acaba sintiéndose desencantado, desmotivado, engañado… Comprende entonces con mayor certeza que forma parte de una sociedad desfragmentada, desvalorada y manipulada por quienes proclaman que luchan por sus intereses o que les informan desde una supuesta actitud de imparcialidad e independencia.

Si como parece, en la actividad sociopolítica nuestra presencia como colectivo sólo tiene interés y vigor en el ritual del voto, incentivándonos por la vía hedonista permisiva a asumir que ahí se acaba nuestra capacidad y responsabilidad de cooperar en la salubridad democrática, en el sector del consumo no sólo se nos incita a consumir -empleando la herramienta de la publicidad para despertar o crear deseos insatisfechos (haciéndonos sentir que estamos incompletos si no adquirimos ciertos productos o servicios)- sino que además las corporaciones, cada vez más globalizadas y poderosas, nos venden una imagen de servicio donde el beneficio de su cliente y la satisfacción de éste figura como su meta esencial.

Poco a poco nos dirigimos al retorno a nuestros orígenes… Los sistemas como tales se resquebrajan; somos testigos excepcionales de ello. Es posible que pasado el tiempo del caos -sea cual sea y dure lo que el orden natural en su escala juzgue necesario- se produzca el renacer del valor de la dignidad humana al vivenciar como realidad la sacralidad de la existencia en sí: nuestra espiritualidad, libre y manifiesta y la naturaleza real del amor como expresión cotidiana de la aceptación incondicional.

Se trata ante todo de alentar a la participación, y de concienciar sobre la necesidad -pues es derecho y obligación- de involucrarse en lo colectivo como expresión y proyección de lo íntimo y propio.

Un nuevo valor: la dignidad sin testigos como eje de comportamiento. Aquella que no es necesaria firmar en ningún contrato y que se presupone forma parte de esa ley que impera desde el principio de los tiempos: la ley humana. La ley divina. El amor.